Nos ocupamos en este trabajo1 de una de las formas de legitimar el control social: el trabajo parlamentario. Para ello nos centramos en dos debates parlamentarios lejanos temporalmente pero que retoman la misma problemática: cómo disciplinar y qué hacer con los menores en conflicto con la ley penal. Se trata, por un lado, del debate de la Ley Agote de 1919, primer documento legislativo en el que se define el tratamiento por parte del Estado de ciertos menores como “posibles delincuentes” y, por el otro, del debate del proyecto de Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que recibió media sanción del Senado en 2009 y que espera su tratamiento en Diputados.

Desde el análisis del discurso inscribimos esta investigación en las políticas de control social oficial dirigidas a la población infanto-adolescente. Este enfoque permite identificar las representaciones que se han ido construyendo desde el campo legislativo acerca de los menores de 18 años en conflicto con el orden social concebido por el Estado. Asimismo, se propone analizar continuidades y rupturas en función de lo que se presume como la emergencia de un nuevo régimen discursivo que dice basarse en los derechos de los niños y adolescentes que son su objeto. En este sentido, retomamos a Michel Foucault para hacernos la pregunta histórico-política acerca de si el discurso que critica el paradigma del Estado tutelar “viene a cerrarle el paso a un mecanismo de poder que hasta entonces había funcionado sin discusión o bien forma parte de la misma red histórica de lo que denuncia (y sin duda disfraza) llamándolo ‘represión’” (1976: 16). Sostenemos que, a pesar de las diferencias en la superficie discursiva, hay una relación ideológica estrecha, más de continuidad que de ruptura, entre los discursos fundacionales sobre el “castigo” a los chicos pobres y los actuales discursos “garantistas” que, en virtud de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, avalan la baja de edad de imputabilidad sin aportar a la modificación en términos materiales del sistema de acogida de estos sujetos, sistema instituido y en funcionamiento desde tiempos del patronato.

Cierra nuestro trabajo una reflexión acerca de la vigencia de las representaciones de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, tanto en los dispositivos jurídico-burocráticos como en los discursos mediatizados sobre la baja en la edad de imputabilidad y, por ende, sobre la función política de los medios masivos en este tema particular.