A partir del Ordenamiento de Cortes elaborado en Toro en 1369 se analiza la política de Enrique II de Castilla en torno a la alimentación de los campesinos. La guerra civil había impactado negativamente sobre condiciones ya de por sí delicadas dada la crisis del sistema arrastrada a lo largo de la centuria. Recomponer la relación feudal conllevaba garantizar la mano de obra y asegurar su reproducción, por lo que la alimentación campesina aparece como un problema de primer orden para sostener la continuidad de las actividades productivas. A las disposiciones generales sobre los precios y el abastecimiento de bienes en los concejos se suma una intervención detallista sobre las viandas de los jornaleros agrarios, sobre cuyos hombros se buscaban descargar los costes de su alimentación. Pero la monarquía también buscaba garantizar el acceso y la permanencia de la mano de obra, por lo que desarrolló una perspectiva que limitaba a los empleadores para que no agotaran las energías campesinas. La política salarial permitía incentivar el trabajo asalariado, asegurar la alimentación campesina durante la jornada laboral y garantizar la continuidad de la producción mediante su empleo.