¿Cómo saber dónde está la documentación pertinente a nuestra investigación? ¿Cómo se decide la distribución de la documentación en distintos fondos e instituciones? ¿Por qué no existe un mapa nacional de fondos documentales y de qué manera mejoraría nuestra investigación? ¿Quién determina la destrucción documental y cómo discernir si las lagunas documentales responden en realidad a (des)políticas archivísticas que desconocemos? ¿En qué medida estos periplos documentales ponen en riesgo nuestras conclusiones? ¿Qué funciones debe priorizar un archivo en contexto de desfinanciamiento y falta de espacio y personal? ¿Sirve de algo acumular documentación que no se encuentra en consulta o catalogada para su uso? ¿Qué vinculación debería existir entre una política de desarrollo de la investigación histórica y los criterios de resguardo documental, tanto de las instituciones del Estado como de las entidades privadas? ¿Cuántas de estas problemáticas se discuten en las carreras de Historia de las Universidades?

Estas preguntas son algunas de las inquietudes que articulan este ensayo, que busca problematizar y reflexionar sobre estas cuestiones. Tiene como disparador original un petitorio para el resguardo patrimonial elaborado  en el año 2017, y gira sobre algunos escollos que tiene hoy la investigación en la Argentina, buscando vincular las políticas públicas y la valorización del patrimonio documental desde la práctica de la investigación histórica en una coyuntura de creciente presión democrática por el Acceso Público a la Información. Asimismo, planteamos horizontes de posibilidades respecto del vínculo entre historiadores y archivistas hacia una mayor convergencia entre formación profesional y los múltiples repositorios documentales, una mayor organización y participación en las problemáticas gremiales y un anhelo por la elaboración de una política integral de archivos hoy inexistente.