El Ecuador según contempla su carta magna vigente, es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, en este marco de reconocimiento de derechos la problemática de la violencia de género en la actualidad, se aborda desde diversos ejes, en el aspecto normativo se presentan cambios sustanciales como producto de un desenvolvimiento histórico  motivado por los movimientos de mujeres que se hacen visibles desde los años 80 aproximadamente.

En la actualidad los medios legales de protección para víctimas de este problema abarcan diferentes niveles, así tenemos la Constitución de la República del Ecuador que reconoce y garantiza a toda persona el derecho a una vida libre de violencia,  Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia, Código Orgánico integral penal, el Plan de erradicación de la violencia de género como política de Estado y el Plan Nacional de Buen Vivir que traza directrices claras por las instituciones públicos y privadas del país.

Es importante indicar además que en el marco internacional con respecto al tema el Ecuador ha suscrito la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” o Convención Belem do Pará.

Pese al marco legal que ampara y protege a la mujer respecto de la violencia por razones de género, las estadísticas oficiales que emite el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC) sobre la existencia de esta problemática social son alarmantes y denotan la necesidad de aunar esfuerzos en función de aportar mediante acciones a la disminución y erradicación de esta lacra social.

Es por ello que en diversas instancias públicas y privadas, se proponen cada vez con mayor frecuencia acciones tendientes a concienciar a la colectividad respecto de este tema, lo que permita aunar esfuerzos para la prevención de la violencia de género.

En concordancia con la planificación gubernamental existen instituciones tales como la Secretaría de Educación Superior Senescyt, Consejo de Educación Superior Ces, que incluyen entre sus planificaciones de trabajo con las universidades a nivel país,  iniciativas tendientes a mejorar el tema de la inclusión y la igualdad de género, como medidas preventivas contra la violencia de género.

Este es el caso de los rediseños curriculares que a nivel país, se trabajan dentro de cada institución de educación superior IES, los cuales son propuestos ante las respectivas instancias, que son las que establecen las directrices que permiten entre otros puntos, abordar el enfoque de género mediante su transversalización en diferentes niveles.

En este marco la carrera de Derecho de la UTPL, propone dentro del rediseño curricular compontes que permiten abordar esta temática como medida preventiva, si bien es cierto este es un primer cambio que incluye este enfoque, sin embargo consideramos que este cambio es trascendental y un hito para el enfoque de la carrera.

El presente trabajo presenta en su primera parte un análisis histórico – descriptivo, de las normas que entre los años 1994 y 2015 abordan de manera concreta la violencia contra la mujer en el Ecuador, lo que permite reflexionar sobre algunos vacíos legales que aún requieren ser abordados en este aspecto. En una segunda parte se muestra el caso de carrera de Derecho de la UTPL, que asumiendo el compromiso de calidad en la educación superior, propone en su rediseño curricular cambios que abordan el enfoque de género e inclusión, como medidas preventivas para contrarrestar la violencia.