Durante los diez años que siguieron después de que fuera proclamada la Independencia de México, no hubo una regulación clara que dispusiera quién se haría cargo de la instrucción pública en la nueva nación.  En ese marco, en el que la normatividad se presentó de manera difusa, se suscitaron una serie de iniciativas y una actividad sin precedente por parte de la autoridad y de personas interesadas en participar de manera activa en la impartición gratuita de las primeras letras de este país.

La supresión del gremio de maestros en 1812 y una nueva cultura política imperante permitieron que las actividades relacionadas con la enseñanza elemental se abrieran al público y los privados pudieran participar en un asunto que ahora se presentaba como de interés general. En ese nuevo contexto, actores que no habían tenido algún tipo de iniciativa en el antiguo régimen, se presentaron con ideas muy definidas en cuanto a lo que se debía hacer en el ámbito educativo y ejercieron una presión política para que el gobierno edilicio actuara en razón de sus propios intereses.

El objetivo de esta ponencia es analizar cómo este vacío legislativo convirtió al Ayuntamiento de la ciudad de México en un espacio de confrontación donde confluyeron todas las opiniones en torno a la instrucción y en donde se trataron de definir los ámbitos de acción, tanto públicos como privados. Este espacio de discusión y participación fue posible porque los referentes políticos habían sido modificados y las iniciativas sociales se veían ahora como viables pues se trataba de un país que ya no podía depender de una legislación que no era propia y de un antiguo modo de operar que no se ajustaba a los nuevos tiempos.