A finales de los años sesenta gana visibilidad en América Latina un conjunto heterogéneo de intelectuales, académicos y tecnólogos que retrospectivamente es estudiado como “escuela”, “corriente” o “movimiento” de producción de conocimiento alrededor de la problemática “ciencia-tecnología-desarrollo-dependencia”. Amílcar Herrera (Argentina), Helio Jaguaribe (Brasil), Osvaldo Sunkel (Chile), Miguel Wionczek (México), Máximo Halty-Carriere (Uruguay) o Marcel Roche (Venezuela) son algunos de sus representantes de mayor circulación. Este grupo de pensadores logró construir y consensuar una agenda común de discusión que hizo posible codificar experiencias sectoriales, interpretar trayectorias y roles institucionales –las universidades ocuparon un lugar central– y diseñar diagnósticos necesarios para la formulación de políticas públicas de ciencia, tecnología y desarrollo específicas para los países de la región. Esta dinámica de producción de conocimiento va a ser clausurada por la llegada del proyecto de globalización neoliberal a América Latina –en algunos casos a través de dictaduras– y del inicio de procesos de desindustrialización y financiarización de las economías nacionales junto con ciclos de endeudamiento. La operación ideológica y discursiva neoliberal apuntó a la erosión y el desprestigio de las ideas, enfoques y componentes ideológicos promovidos por aquellos pensadores latinoamericanos. En su lugar, se comenzó a difundir un nuevo programa o paradigma político-epistemológico basado en: (i) la privatización y mercantilización del conocimiento; (ii) la deshistorización y homogeneización de las periferias como estrategia analítica que hizo posible la producción de diagnósticos genéricos y, por lo tanto, de soluciones o “recetas” genéricas; y (iii) la difusión de categorías de análisis ajenas a los procesos de desarrollo socioeconómico de los países de la región. Este escenario impactó en la forma de procesos de des-aprendizaje, especialmente en el área de las políticas de ciencia, tecnología y desarrollo. Las universidades y las instituciones públicas de I+D fueron campo de batalla en esta disputa.