En el bicentenario de los procesos de emancipación de América Latina, es posible pensar, a través del análisis de una política educativa determinada, de qué manera los debates sobre la forma de modernizar la sociedad se articulan con las luchas contra la dominación.

En el escenario de crecimiento de la educación superior, desde la década de 1970 (Brasil) y con mayor fuerza en la década de 1990, surgieron en América Latina diversos mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones universitarias ante el Estado de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales de financiamiento. Entre los mecanismos mencionados, aquellos denominados en cada país como acreditación, certificación, validación o reconocimiento, condicionaron la potestad de las instituciones de establecer su oferta académica y de otorgar títulos y por lo tanto fueron lugar de debate, resistencia y contestación.

Contemplando la transnacionalización de la educación superior,los procesos de integración regional, la creciente mercantilización, el predominio de perspectivas metodológicas, temáticas y modelos de formación de los centros hegemónicos de producción de conocimiento, urge sostener un camino de desarrollo para las universidades latinoamericanas que se funde en criterios de pertinencia y relevancia atentos a las problemáticas de la región, la producción de conocimiento desde perspectivas originales, la disponibilidad de recursos, el  diálogo con el contexto social y el acceso de un número creciente de estudiantes como forma de asegurar una distribución justa del conocimiento y mejor calidad de vida para el conjunto de la sociedad. No debería poder pensarse en la excelencia sin considerar estos criterios. No obstante, en la educación superior, los sistemas de rendición de cuentas que predominan a escala global, son aquellos ponen énfasis en una concepción elitista del conocimiento.

En Argentina la acreditación de carreras, surgió a partir de la sanción de Ley de Educación Superior N°24.521 (LES), en el año 1995. Para su implementación, la ley creó una nueva agencia del Estado bajo la denominación de Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) que además de regular la oferta de carreras promovería la mejora institucional y se pronunciaría sobre los proyectos de creación de nuevas instituciones universitarias.

Durante aquella década en el ámbito nacional, se había consolidado el modelo neoliberal, al que los críticos referían con ironía como el “modelo único” debido a su difusión en la opinión pública como única alternativa de desarrollo que extendía los principios económicos del libre mercado, la competitividad, la modernización y la flexibilización a todos los planos de la vida social. La percepción más difundida de la LES en las comunidades académicas locales, la ubicaba en continuidad con el economicismo imperante y pronosticaba desfinanciamiento, cierres y una situación más cómoda para la oferta privada.

En el transcurso de los 20 años de funcionamiento de la CONEAU quedó en evidencia que la dirección política de la acreditación dependía de las políticas universitarias y científicas en las que se enmarcaba. La necesaria articulación entre la acreditación, una concepción de la calidad basada en la confianza y el respeto a los procesos institucionales y el acceso a mecanismos no competitivos de financiamiento puso en discusión la concepción de la acreditación como “rendición de cuentas” frente a otra que la presenta como canal para la expresión de demandas.