Durante la última década se incrementaron la visibilidad y las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Los movimientos feministas disputaron las concepciones de la violencia en las relaciones de pareja como problemas privados e instalaron el reclamo de respuestas institucionales frente a la violencia de género. Se desarrollaron leyes y políticas públicas para proteger a las víctimas. El poder judicial no fue ajeno a estas reformas, se crearon oficinas especializadas y programas dirigidas a mejorar el funcionamiento del sistema judicial frenta a las denuncias de las mujeres. Más recientemente, los medios masivos de comunicación comenzaron a reportar femicidios y violencias extremas contra mujeres. Así, se avanzó en la comprensión social de la violencia de género como fenómeno de importancia pública que debe ser combatido.

Durante el mismo período, comenzaron a conocerse casos en los que las madres son criminalizadas cuando sus compañeros matan a sus hijxs. En este trabajo, analizaremos casos que revelan esta práctica judicial como injusta. Las sentencias que condenan a las mujeres por omitir proteger a sus hijxs evidencian la persistente invisibilidad de la violencia contra las mujeres, a la vez que reflejan y refuerzan estereotipos que asignan a las mujeres la responsabilidad primaria e indelegable de cuidar de sus hijxs, la obligación de realizar sacrificios heróicos para protegerlxs y postergar toda otra actividad u obligación. Estas sentencias condenan a las mujeres por no cumplir con estereotipos que marcan el comportamiento esperado de una “buena madre” e ignoran la forma en que la victimización de las madres impacta en su capacidad para proteger a sus hijxs.

La emergencia de esta práctica es aparece entonces como una consecuencia no deseada e incluso una reacción de las agencias policiales y judiciales que continúan funcionando como órganos que sostienen y refuerzan estructuras patriarcales. Hemos llamado a jueces, fiscales y policías a mirar al interior de hogares violentos y allí encontraron no sólo mujeres sometidas a violencia, sino también niños víctimas de abuso. Mientras lxs operadorxs judiciales siguen tolerando la violencia contra mujeres adultas que “eligen” quedarse en una relación violenta, no sucede lo mismo con lxs niñxs inocentes que no han elegido convivir con el agresor. Así, la victimización de lxs niñxs atrae toda la atención y permite culpar a la madre que “no impide” la violencia. De esta forma, las mujeres que no cumplen con las expectativas sociales referidas a las “buenas madres”, son negadas como víctimas y acusadas como victimarias.