El presente trabajo expone parte de los resultados de tesis de la Maestría en Política y Gestión de la Educación (UNLu)[1] cuyo objetivo general consistió en analizar las concepciones sobre las desigualdades escolares que subyacen a las actuales políticas destinadas a la democratización de la escuela secundaria.

Focalizamos en un programa educativo surgido como una de las estrategias para materializar la obligatoriedad de la escuela secundaria establecida en la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206/2006, que se propone incentivar cambios a nivel de la organización escolar para atender a las desigualdades escolares que genera el modelo educativo predominante.

Los cambios propuestos para la escuela secundaria en el marco de la nueva ley educativa cristalizaron en mayo de 2009 en el Plan Nacional de Educación Obligatoria (Res. CFE N°79/09 -PNEO-) y se especificaron unos meses más tarde en los “Lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria” aprobados por la Resolución CFE N°84/09 en octubre de ese mismo año. En ese contexto, un mes más tarde por Resolución CFE Nº 88/09 se creó la estrategia que es objeto de estudio del presente trabajo: el Plan de Mejora Institucional (PMI) que se implementa en escuelas secundarias comunes desde 2010 proponiendo la elaboración de proyectos institucionales para acompañar las trayectorias escolares y efectivizar el cumplimiento de la LEN.

Dos particularidades del programa PMI nos resultaron relevantes para seleccionarlo como caso. En primer lugar, se trata de una intervención por programa y a través de proyectos por escuela, una modalidad que adquirió peso en la política educativa del período neoliberal de los noventa (Birgin, Dussel y Tiramonti, 1998) y que se sostuvo bajo gobiernos de “nuevo signo” (Moreira et al., 2008); pero que, a su vez y en segundo lugar, marca una ruptura respecto de las intervenciones sobre las desigualdades escolares propias de esa fase en tanto constituye una política universal y no ya focalizada y compensatoria como fuera entonces la principal estrategia de atención a los grupos en condición de vulnerabilidad.

Nuestro interés se centró en los modos de apropiación de la política por parte de las escuelas por eso la investigación se llevó adelante mediante una metodología de tipo cualitativo en cuatro escuelas comunes del Conurbano Bonaerense de los distritos de La Matanza y José C. Paz durante 2014 y 2015, siendo sus principales técnicas de construcción de datos el relevamiento documental, la entrevista semiestructurada y la observación.

En este trabajo centramos el análisis en las condiciones y los modos de organización del trabajo de los docentes que se configuraron con la implementación del programa PMI en las cuatro escuelas estudiadas.

Entre los principales hallazgos encontramos que el rol protagónico de los directivos fue una costante en las cuatro escuelas analizadas y uno de los condicionantes principales del rumbo que tomó el programa en cada caso. El PMI permite que quienes están a su cargo seleccionen a los docentes que van a llevar adelante los proyectos mediante criterios propios como, por ejemplo, las representaciones que éstos tienen sobre sus estudiantes, motivo por el cual los modos y criterios de reclutamiento de los docentes fueron objeto de nuestro análisis.

Otro de los puntos importantes que encontramos es que aunque la normativa del PMI insta al trabajo en equipo, en la práctica no observamos situaciones de trabajo colaborativo y en las entrevistas tampoco nos relataron nada al respecto. A todo esto se suma la falta de acompañamiento y capacitación por parte del Estado (en todos sus niveles de gobierno) que manifestaron la totalidad de los docentes y directivos entrevistados.

Respecto de las condiciones salariales docentes que ofrece el programa, éstas son muy precarias por tratarse de contrataciones temporales y de dinero “extra” que no se integra al salario y se paga en mano sin percibirse ninguna carga social ni derecho por eso. Y, en lo que hace al trabajo de enseñar y las condiciones en las que lo llevan a cabo, éste se torna muy complejo por tener que trabajar con jóvenes de diferentes cursos o incluso que tienen que estudiar distintas materias al mismo tiempo en las estrategias que son clases de apoyo.

Por último, además de los condicionantes materiales y organizacionales, encontramos una serie de tensiones entre las representaciones de los diferentes docentes sobre el programa que se configuraron a partir de su implementación, principalmente entre aquellos que fueron parte del mismo y quienes no.

[1] La tesis se enmarca en el proyecto “Derecho a la educación, inclusión y políticas sociales: los desafíos de la democratización escolar en la última década” (UNGS), financiado por el Programa Consenso del Sur 2014-2015 (Ministerio de Educación de la Nación) y dirigido por Nora Gluz (directora también de la tesis). El mismo se articula con el proyecto UBACyT 2014-2017 “Políticas públicas y democratización de la educación. Sentidos, regulaciones y procesos en torno a la inclusión en la actual coyuntura latinoamericana” (en el cual la autora es Becaria UBACyT), cuya sede es el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE-FFyL) y cuya directora es Myriam Feldfeber, quien también codirigió el proyecto en que la tesis se enmarcó.