Última modificación: 2018-05-11
Resumen
Las políticas educativas forman parte de un corpus de políticas públicas que van delineando los rumbos de nuestra educación y de la sociedad en cada momento histórico. Son construcciones que se desarrollan en la vida cotidiana a través de los dispositivos especialmente diseñados para su concreción y mediadas por las sucesivas interpretaciones, reinterpretaciones y disputas de sentido que los actores le otorgan en su realización. La legislación y la normativa, los programas y proyectos, los textos académicos, periodísticos y ministeriales, las argumentaciones y los mensajes mediáticos van impregnando los discursos y las prácticas que se desarrollan en el ámbito educativo y en la comunidad.
En esta línea, el análisis de las concepciones y prácticas de la inclusión educativa en escuelas secundarias por un lado y en universidades del conurbano bonaerense por el otro, nos permitió una reconstrucción de sentidos, tanto en el plano de la política educativa, como en la vida cotidiana de las instituciones educativas.
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Las políticas educativas forman parte de un corpus de políticas públicas que van delineando los rumbos de nuestra educación y de la sociedad en cada momento histórico. Estas políticas públicas son construcciones que se desarrollan en la vida cotidiana a través de los dispositivos especialmente diseñados para su concreción y mediadas por las sucesivas interpretaciones, reinterpretaciones y disputas de sentido que los actores le otorgan en su realización.
Si se mira en perspectiva histórica, la “inclusión educativa” se fue configurando tanto en un nombre adecuado para ciertas políticas focalizadas durante la década del 90, en bandera de lucha de la defensa al derecho a la educación por los movimientos sociales, en tema de agenda de la política internacional con diferentes significados y también en política de Estado para la Argentina 2006-2015. Es interesante observar que en estos diversos usos argumentativos, hay un debate vigente, político e ideológico sobre la educación, que disputa sentidos para la inclusión educativa.
En Argentina, la inclusión educativa como política de estado buscó instalarse entre 2006 y 2015 y fue el reflejo de un posicionamiento político y pedagógico que reconocía el carácter histórico doblemente excluyente de la escuela secundaria y de la universidad: exclusión intrínseca del propio sistema educativo y extrínseca, de la sociedad (Bourdieu y Passeron, 1967). La Ley de Educación Nacional, aprobada en 2006 estableció la obligatoriedad del nivel secundario y en materia de educación superior, se crearon cinco nuevas Universidades Nacionales en el período 2009 - 2014 y tres Universidades entre el 2014 y el 2015. Bajo el título “inclusión educativa”, el gobierno de esos años asoció la inclusión con la justicia social y con el derecho a la educación. En el portal gubernamental oficial de 2015 año se podía leer que la educación pasaba a ser un tema central y que en virtud de ello se asumía por primera vez a la educación como un bien público y un derecho personal y social, que debía estar garantizado por el Estado Nacional.
Si bien, ciertamente la traducción de los sentidos que portan las políticas no ingresa de forma lineal en el interior de las instituciones educativas, a través de nuestras investigaciones, podemos afirmar que algunas de las políticas del período 2006-2015, tensionaron las reglas del juego, inaugurando nuevas lógicas y prácticas institucionales, tanto en la escuela secundaria, como en el nivel universitario. A partir de la implantación de la obligatoriedad del nivel secundario en 2006 se intentó promover una escuela menos segmentada, más inclusiva y progresiva. Se buscó tensionar el mandato que tenía la matriz fundante de la escuela secundaria, históricamente caracterizada por su selectivo patrón de normalidad escolar, por un currículum mosaico y enciclopedista, una organización institucional rígida y ritualista, la uniformidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la formación de un sujeto pretendidamente homogéneo y normalizado (Giovine y Martignone, 2011). En tanto figuras clave para articular las políticas educativas, los directores y las directoras, cumplieron un rol insoslayable en el mandato de la inclusión educativa que se promovió en ese período con un gran número de proyectos y propuestas. La intención democratizadora y de justicia educativa por parte de las instancias gubernamentales requirieron, sin duda, de proyectos institucionales y apoyos para su concreción en el ámbito escolar. Un ejemplo de esto fue la constitución de los Centros de Estudiantes que, creados de manera obligatoria en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, propiciaron una mayor participación estudiantil.
En el caso de las Universidades, podemos afirmar que su matriz elitista recién pudo ser tensionada con la creación de las nuevas universidades del conurbano bonaerense creadas después de 2009. La intención democratización del nivel ha tenido diferentes énfasis según las políticas públicas propuestas para la Universidad en los diferentes períodos históricos. Con el advenimiento de la democracia en 1983 y luego de varios años de restricción para el ingreso a la universidad, se instaló la preocupación por el acceso en la agenda de la política educativa. A partir de la década del 90 con la creación de nuevas universidades en todo el país, y en zonas periféricas, se produce el acceso de jóvenes con un perfil de estudiante diferente al tradicional: primera generación de universitarias/os en sus familias, trabajadoras/es que modificó la matrícula universitaria. Sin embargo esta población que accedía por cercanía y facilidades en términos de oferta, no llegaba a graduarse. Se generaron propuestas compensatorias: políticas de “nivelación” y políticas de acompañamiento como tutorías para estudiantes, que, en muchos casos traían trayectorias previas con las características que Kessler denominó “escolaridad de baja intensidad”. Las universidades nacionales creadas entre 2009 y 2015 surgieron con una impronta identitaria propia que ha permitido el acceso de los llamados sectores populares de manera masiva. Se propusieron ciertos objetivos alineados con las políticas públicas que enmarcan su origen y se definen como instituciones con una fuerte vinculación territorial, con integración con el medio sociocomunitario y productivo, lo que modificó el paradigma tradicional de las funciones de docencia, extensión e investigación de las universidades. Los rasgos identitarios de estas universidades las distinguen del modelo tradicional universitario y se asientan sobre un marco que propone la creación de instituciones inclusivas. La “inclusión educativa” no tiene una figura compensatoria sino que modifica la estructura institucional y sus funciones. En este sentido, la organización de estas universidades toma diversos formatos para atender a los objetivos que garanticen la integración poniendo el eje en la enseñanza para garantizar la permanencia y graduación y promueva la integración con el territorio a través de sus tres funciones como política de inclusión.
El nuevo gobierno que asumió en 2016, de signo contrario al anterior y portando las más duras ideas neoliberales connota positivamente a la idea de inclusión, pero su sentido está asociado a la generación de oportunidades, a la calidad, a la jerarquización docente, a la equidad, a la innovación, a la evaluación y al deporte y encabezado con una cita de Domingo Faustino Sarmiento: “Todos los problemas son problemas de educación”. Es esperable que los aires neoliberales que están retornando no sólo a la Argentina, también a la región latinoamericana a partir de 2016, provoquen un retroceso en materia del derecho a la educación y con este retroceso, la inclusión educativa cobrará otros sentidos o quizás recupere los significados del período neoliberal anterior.